La Fiscalía de Chile informó este viernes de la apertura de una investigación de oficio contra el presidente del país, Sebastián Piñera, luego de que la publicación de los Pandora Papers revelara presuntas irregularidades en la venta en 2010 en Islas Vírgenes Británicas de sus acciones en un megaproyecto minero.
«Todas las bancadas de oposición hemos acordado iniciar una Acusación Constitucional contra el presidente Sebastián Piñera», indicó a la prensa en el Congreso Jaime Naranjo, diputado del Partido Socialista, flanqueado por otros parlamentarios.
La acusación constitucional busca establecer la responsabilidad de altos funcionarios públicos y, de prosperar, puede conllevar la destitución de Piñera, cuando faltan seis semanas de la primera vuelta de la elección presidencial. También podría provocar la inhabilitación para ejercer cargos públicos del acusado, pero para que prospere se requiere la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados.
Piñera y su familia habrían sellado la polémica compraventa de su participación en el proyecto, que amenaza gravemente un importante santuario natural en la zona norte del país.
De acuerdo con la misma investigación, gran parte de la operación se realizó en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas.
