La misiva, firmada por unos 20 congresistas y senadores y distribuida por el republicano August Pfluger, lamenta que el gobierno que encabeza AMLO limite la competencia en energía eléctrica, pues las nuevas normas «discriminarían a los productores de energía estadounidenses». La iniciativa que envió el presidente de México a su Congreso cancelaría los contratos con los que más de 30 plantas privadas venden electricidad en el país, y declara ilegales otras 239 plantas que venden directamente electricidad a empresas mexicanas. La misma además pondría fin a contratos de abastecimiento de electricidad en el largo plazo, así como los esquemas de compra preferencial a plantas de energía limpia. Las plantas que queman combustóleo, propiedad del gobierno, tendrán preferencia por encima de las plantas privadas solares y eólicas.
Una de las pocas fuentes renovables en que el gobierno mexicano se ha comprometido a invertir es la energía hidroeléctrica.