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Corte Suprema revisará ciertos casos de indocumentados deportados que vuelven a EE.UU.

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La Corte Suprema considerará los casos de inmigrantes deportados que vuelven a entrar a los Estados Unidos y buscan protección.

La decisión de los jueces se enfocará en si esas personas deberán ser detenidas por Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o si pueden ser liberadas tras pagar una fianza.

Los extranjeros que reingresaron a los EE.UU. después de haber sido deportados generalmente no pueden solicitar alivio de inmigración.

Sin embargo, esas personas pueden buscar ciertas protecciones si temen ser perseguidos en sus países de origen, incluida la suspensión de deportación y alivio bajo la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura.

A pesar de esos beneficios, mientras sus casos son revisados en cortes migratorias, estos extranjeros pasan tiempo en prisiones de ICE, por lo que los jueces revisarán si su situación –al reclamar protección– se rige por las normas de detención de deportación regular.

Cabe recordar que aquellos inmigrantes deportados que han reingresado al país también podrían enfrentar prisión federal, según las actuales reglas migratorias.

El caso es Albence v. Guzman Chavez, el número 19-897 en la Corte Suprema retomará dos aspectos de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) estipuladas en la Sección 1226 (a) sobre la detención de una persona si está pendiente su decisión de deportación, así como la 1231 (a) con respecto al periodo de expulsión marcado como máximo en 90 días.

En octubre de 2019, el Departamento de Justicia (DOJ) hizo la petición a la Corte fue para tener certeza sobre distintos casos en proceso sobre extranjeros que regresan al país por temor a morir perseguidos en sus naciones de origen.

En ese mismo mes, el Cuarto Circuito de Apelaciones decidió en contra del DOJ y ICE sobre este tipo de casos, lo que derivó en la petición ante el Máximo Tribunal.

La semana pasada, los jueces tomaron una decisión sobre casos de inmigrantes con condenas penales que temen ser torturados si son deportados, a quienes se les permitió impugnar la negación de sus solicitudes de permanecer en los Estados Unidos en tribunales federales.

“Durante el proceso de deportación, un no ciudadano que demuestre una probabilidad de tortura en el país de expulsión tiene derecho a la ayuda de conformidad con la Convención internacional contra la Tortura (CAT) y no puede ser trasladado a ese país”, indicó la opinión del juez Brett Kavanaugh, nombrador por el presidente Donald Trump.