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El contraste entre el aplastante apoyo que mantiene Bukele y las acusaciones de abuso de poder en su contra

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Hace justo un año, el país más pequeño de Centroamérica lograba una inusitada atención internacional.

El 1 de junio de 2019, Nayib Bukele asumía su cargo como nuevo presidente de El Salvador y había gran curiosidad por saber cuáles serían las bases de su gobierno.

Y no era para menos: su histórico triunfo en las elecciones cuatro meses antes había conseguido romper con el tradicional bipartidismo existente en el país desde el fin de la guerra civil.

Y lo consiguió él, un joven empresario millenial que se perfilaba como símbolo de la renovación política y le prometía un giro radical en la gestión del país a una población hastiada por la pobreza y la violencia que le hizo llegar a tener una de las mayores tasas de homicidios del mundo.

Y aunque 12 meses después sigue disfrutando del rotundo y mayoritario apoyo de la población salvadoreña según las encuestas, Bukele también enfrenta duras críticas por algunas de sus decisiones, especialmente desde organismos internacionales y de derechos humanos.

Sus enfrentamientos públicos con el Congreso y la Corte Suprema y sus drásticas medidas frente a la pandemia de coronavirus han llevado a algunos a acusarlo de autoritarismo y de querer acumular demasiado poder hasta el punto de poner en peligro la joven y frágil democracia del país.

Porque si hay algo que Bukele consigue, casi con cada tuit que publica desde su red social favorita para hablarle al mundo y darle ordenes a sus funcionarios, es no dejar a nadie indiferente con sus acciones.

Separación de poderes
La inquietud de ciertos sectores hacia la figura del presidente salvadoreño se disparó a raíz de su polémica entrada en la Asamblea Legislativa acompañado de militares el pasado mes de febrero.

Con aquella sorprendente imagen, bautizada popularmente como “Bukelazo”, pretendía presionar al Congreso -en el que su partido no tiene representación- para que aprobara la financiación de la siguiente fase de su plan de seguridad.

“Al no obtener la respuesta que él quería, irrumpe violentamente en la Asamblea con militares. Si eso no es autoritario, no sé qué podría ser”, dice Elisa Ortega Velázquez, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Desde entonces, los choques públicos de Bukele con el Congreso han sido más que frecuentes. Pero no solo se ha enfrentado al Poder Legislativo: también lo ha hecho con el Poder Judicial.

En el marco de una de las respuestas al coronavirus más estrictas de la región, policías y militares salvadoreños detuvieron desde el inicio de la pandemia a miles de personas por incumplir la cuarentena domiciliaria y los encerraron en centros de contención.

Muchos denunciaron las condiciones insalubres de algunas de estas instalaciones, haber pasado más semanas encerrados de las que les correspondían o incluso haberse contagiado de covid-19 allí dentro.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema emitió una resolución para ordenar que cesaran estas detenciones “arbitrarias”, pero la primera respuesta de Bukele fue tuitear que no pensaba acatarla.

“La separación de poderes existe para que una sola persona no lo ostente todo. Estos choques demuestran lo que le gusta el poder a Bukele, que pone así en riesgo un Estado de derecho débil como el que hay en El Salvador”, le dice Ortega a BBC Mundo.

Bukele vio cómo algunas de sus medidas y estados de emergencia frente al covid-19 eran frenados por la Asamblea y la Corte Suprema, por lo que a finales de mayo incluso anunció que demandaría a ambos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “por la violación al derecho a la vida y a la salud del pueblo salvadoreño”.

Pero la CIDH respondió que no tiene competencia para resolver controversias entre órganos del Estado.

Las pandillas encarceladas
Otra de las medidas que levantó gran polémica fue la decisión de Bukele de endurecer las condiciones de aislamiento de pandilleros encarcelados y, especialmente, de juntar a miembros de grupos rivales en las mismas celdas.

La iniciativa fue dada a conocer con unas ya famosas imágenes en las que se veía a cientos de presos amontonados en el suelo, esposados, semidesnudos y sin mantener ningún tipo de distancia entre ellos pese a la pandemia.

El presidente respondió así a un repentino aumento de asesinatos a mediados de abril que amenazó con destruir lo que ha presentado como el gran logro de su gobierno: la histórica reducción de homicidios desde que inició su mandato.

“Revela una maldad y crueldad por buscar deliberadamente enfrentamientos entre estos grupos (de pandillas), aún a sabiendas de su rivalidad”, le dijo a BBC Mundo el 1 de mayo el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.

En El Salvador, sin embargo, miles celebraron estas medidas y felicitaron al gobierno por endurecer su postura ante las pandillas, a quienes no perdonan estar detrás de buena parte de la violencia que sacudió al país en los últimos años y que obligó a huir a muchos salvadoreños amenazados.

Según Tiziano Breda, analista en Centroamérica del Crisis Group, estas polémicas decisiones son uno de los motivos que hicieron cambiar en los últimos meses la imagen que muchos tenían sobre Bukele.

“A medida que se acentuaron tendencias como la toma de decisiones verticales, una progresiva erosión de los procesos institucionales y la crítica muy fuerte, casi represión, de cualquier tipo de opinión discordante a él, sin duda la percepción internacional cambió”, le dice a BBC Mundo.