Verónica dice que desde hace días que solo la alimentan con pan y agua porque los cocineros dejaron de trabajar debido a la emergencia del coronavirus.
Es una joven salvadoreña solicitante de asilo que ha estado detenida desde octubre del año pasado en Estados Unidos.
El pasado viernes 10 de abril, Verónica decidió junto a otra compañera juntar retazos de tela de camisetas y, con toallas sanitarias de uso diario y elásticos para el pelo, elaborar mascarillas.
Lo hizo porque en el centro donde está detenida, el de Otay Mesa, en el sur de California, no les habían dado ni tapabocas ni guantes para protegerse, pese a que ya había casos positivos de covid-19 dentro de la instalación, asegura la joven de 23 años a BBC Mundo.
“Aquí no hay asistencia médica, no nos atienden, nos dicen que hagamos gárgaras de agua con sal, que estamos bien, que es un resfriado nada más”, dice en una llamada telefónica el martes 21 de abril.
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Lo descrito por Verónica es replicado por más inmigrantes que le hablaron a este medio en Otay Mesa y en otros centros, y por organizaciones que brindan asesoría legal y mantienen comunicación constante con esta población.
Al viernes 24 de abril, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) confirmaba 317 casos de covid-19 en una población estimada de 31.000 detenidos.
Tan solo se habían realizado alrededor de 400 pruebas diagnósticas hasta el viernes 17 de abril, según declaró Matthew Albence, director interino de ICE, en una audiencia ante un comité de la Cámara de Representantes.
No ha habido ningún fallecimiento como consecuencia de la covid-19, de acuerdo a información que ICE hizo llegar a este medio a mediados de la semana pasada.
Pese a que la agencia federal asegura en su sitio web que la salud, seguridad y bienestar de los detenidos están “entre las más altas prioridades”, en semanas recientes grupos de inmigrantes han iniciado huelgas de hambre en señal de protesta y varios tribunales han ordenado la liberación de algunos detenidos.
¿Qué pasa?
Verónica cuenta que duerme en una celda “de ocho camas, una encima de otra a una distancia más o menos de un metro” y que convive con otras cuatro mujeres.
“Utilizamos el mismo baño… no estamos en un ambiente en el que se pueda hacer distanciamiento”, dice.
Los centros de detención son administrados por empresas privadas y cuentan con tamaños y distribuciones diferentes, pero los detenidos y organizaciones consultados coinciden en que a menudo hay espacios en los que conviven cientos de personas y que las celdas son compartidas.
Además, señalan, son los mismos detenidos quienes deben limpiar las áreas que usan, incluidos sanitarios colectivos, y lo hacen sin protección como guantes o tapabocas.
“(Los detenidos) solo tienen acceso a una barra de jabón para la semana entera”, dice Veronica Salama, abogada de inmigración de la organización estadounidense de derechos humanos Southern Poverty Law Center (SPLC, por sus siglas en inglés).
Salama advierte que sus clientes”no tenían idea de la gravedad de esta enfermedad” al principio y que “los funcionarios no les informaban de nada ni les daban panfletos con instrucciones para el lavado de manos”.
“Hay funcionarios que entran a las unidades donde están los detenidos a entregarles la comida sin guantes ni máscaras”, agrega.
ICE informó hasta el miércoles 22 de abril de 35 de sus trabajadores en estas instalaciones que dieron positivo por covid-19.
Estas situaciones han provocado que “haya gente organizándose en 30 detenciones para exigir cambios y que en trece de ellas haya habido retaliaciones”, estima Cynthia Galaz, de la organización Freedom For Immigrants, que tiene una línea telefónica directa con los centros de detención.
Galaz ha documentado testimonios de personas que dicen haber recibido amenazas de que les rociarían gas pimienta o de que los trasladarían a una zona de confinamiento solitario, informalmente llamada “el hoyo”.
“Avientan a las personas a un cuarto donde están solas por mucho tiempo y básicamente la gente lo describe como tortura psicológica”, apunta.
Además de las demandas interpuestas en tribunales que piden la liberación de ciertos detenidos, un juez federal ordenó a ICE el pasado lunes 20 que identificara y considerara liberar a aquellos inmigrantes bajo su custodia cuya edad o estado de salud los ponen en riesgo de contagiarse de coronavirus.
El juez Jesús Bernal, de una corte en Los Ángeles, determinó que las evidencias presentadas “sugieren una inacción sistemática” por parte del gobierno “que va más allá de una mera ‘diferencia de opinión médica o de negligencia‘”
