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Olga era vendedora ambulante en una terminal de buses en Honduras. Ahora camina por Guatemala rumbo a Estados Unidos, junto con su esposo y sus cuatro hijos. Olga Ramírez, de 28 años, es una de los casi 9.000 migrantes que entre el viernes y el sábado ingresaron a Guatemala por el paso El Florido, 220 km al este de Ciudad de Guatemala. El alcalde decidió privatizar y por ello se vieron en la necesidad de salir a vender a las calles y poner en riesgo la salud debido a la pandemia del nuevo coronavirus.
«Nos echaron como perros , como basura, como si no valiéramos nada en el país y no tengo una profesión para mantener a mi familia», cuenta la mujer a la AFP. Junto a ella van su esposo Ángel y su hermano Jairo, así como sus otros hijos de 8, 6 y 5 años.
EL RIESGO
La caravana también está alentada por la esperanza de una flexibilización en la política migratoria de Estados Unidos, cuando asuma el presidente electo, Joe Biden, el próximo 20 de enero, posibilidad que Washington ya descartó. Olga lleva una mochila y usa sandalias para enfrentar la caminata. Lleva un cubrebocas como protección por la pandemia y reconoce el peligro de viajar con sus cuatro hijos. «Vengo hasta pidiendo para poder darle el sustento a mis hijos, porque allá no hay nada, no hay trabajo y mis hijos aguantan hambre y todo, por el desempleo y no hay apoyo ni del gobierno», lamenta.
«DEBILITAR LA CARAVANA»
En tanto, Jairo, el hermano de Olga, estima que el gobierno guatemalteco busca debilitar el paso de la caravana. «Ellos no quieren que la caravana pase para Estados Unidos, quieren debilitar la caravana y tenemos derecho a migrar, salir de Honduras y salir de Guatemala y nos vamos a ir porque no nos van a detener», comenta desafiante. En Guatemala rige un estado de «prevención», que permite a la policía el uso de la fuerza para romper concentraciones de personas.
