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Tácticas nazis, torturas y violencia sexual: informe de la ONU sobre la dictadura de Maduro

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La Misión de las Naciones Unidas en Venezuela concluyó que la justicia de la dictadura de Nicolás Maduro facilitó la persecución y tortura a los opositores y fue un factor clave en el encubrimiento de estos crímenes. En él la palabra «tortura» se contabiliza 214 veces, mientras que los términos «violencia sexual», 34 oportunidades. La investigación de la Misión dejó en evidencia el sistemático uso del aparato represivo que realizó el estado militar de Maduro sobre aquellas voces disidentes y la complicidad de la estructura judicial, pese a lo que exponía hasta hace semanas su fiscal general, Tarek William Saab en una entrevista con Infobae. «Las acciones y omisiones de los Jueces y Juezas atendieron las denuncias de tortura han tenido consecuencias devastadoras para las víctimas, incluyendo la continuación de la tortura y el deterioro de su salud», remarca la investigación de la ONU.

« En algunos casos, las fechas oficiales de detención parecen encubrir periodos en los que las personas afirman haber sufrido desapariciones forzadas de corta duración durante los cuales estuvieron incomunicadas y fueron sometidas a tortura o a tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluida la violencia sexual». «En algunos de los casos examinados, estas irregularidades fueron relatadas a las Juezas y los Jueces de Control, sin recibir respuesta. » 3 – Una tortura nazi, la Sippenhaft, contra un participante de la «Operación Gedeón» y represalias contra su familia. «En algunos casos documentados, agentes de seguridad o de inteligencia presuntamente utilizaron tácticas criminales incluyendo el secuestro o la detención de miembros de la familia de opositores reales o percibidos, para lograr los arrestos. »

Los jueces y fiscales del régimen tampoco investigaban casos de violencia sexual contra detenidos. «En 113 de los 183 casos de detenciones examinados por la Misión, las personas detenidas o sus representantes denunciaron la comisión de tortura, violencia sexual y/u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. En 67 de los 183 casos, las personas detenidas comparecieron ante los tribunales con claras marcas de maltrato». « En otros, las Juezas y los Jueces de Control respondieron ordenando al Ministerio Público que verificara las denuncias de tortura presentadas o que realizara exámenes médicos.

Sin embargo, los mismos expedientes judiciales también revelan que simultáneamente ordenaban que las personas imputadas permanecieran en prisión preventiva, bajo la custodia de los presuntos torturadores, es decir, la DGCIM y el SEBIN». 6 – El documento de la Misión de las Naciones Unidas también detalló cómo algunos de los presos políticos no habían hecho las pertinentes denuncias por no contar con la suficiente confianza en el poder judicial de Maduro y Saab. «Varias víctimas, testigos, abogadas y abogados dijeron a la Misión que otras personas imputadas no denunciaron la tortura ante las autoridades judiciales, ya sea por miedo o por falta de confianza en la respuesta judicial. Esto se ha omitido especialmente durante las audiencias de presentación, cuando la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluida la violencia sexual, habían ocurrido recientemente».

Confesiones y declaraciones bajo tortura tomadas por válidas por la autoridad judicial. «La Misión ha identificado casos en los que se obtuvieron confesiones, declaraciones incriminatorias u otra supuesta información, incluidas las contraseñas de teléfonos y redes sociales bajo coacción o durante interrogatorios sin contar con una representación legal. La Misión ha documentado casos en los que el poder judicial no cumplió con su deber de evitar las detenciones basadas en información obtenida ilegalmente de terceros». 8 – «De las 183 detenciones de personas opositoras o percibidas como tales ocurridas entre 2014 y 2021 documentadas por la Misión, 82 personas que fueron presuntamente sometidas a tortura siguieron siendo imputadas de delitos por las autoridades fiscales y judiciales.

«La Misión pudo revisar los plazos procesales en 144 de las 183 detenciones revisadas73 y encontró diferencias significativas entre los plazos permitidos por la ley y la práctica. El 77% de las audiencias de presentación examinadas por la Misión se produjeron después del periodo de 48 horas permitido por la ley, y el 18% de las personas detenidas se mantuvieron retenidas durante más de una semana antes de audiencias de presentación. Las personas detenidas solían estar incomunicadas y sin supervisión durante este periodo y eran vulnerables a torturas, violencia sexual y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes». » Además, hicieron caso omiso a las evidencias de tortura, aún cuando las víctimas se presentaban ante ellos.

« En ocasiones, se ordenó la detención en instalaciones del SEBIN o de la DGCIM a pesar de que hubiera riesgo de comisión de actos de tortura, e incluso cuando los detenidos presentaran en la sala de audiencias signos compatibles con torturas». 11 – «La Misión tiene motivos razonables para creer que juezas, jueces y fiscales han desempeñado un papel clave en las detenciones arbitrarias. En algunos casos, las detenciones y los cargos fueron sustentados en pruebas manipuladas, fabricadas, u obtenidas mediante tortura o coacción». 12 – Los investigadores de las Naciones Unidas concluyeron además que los «actores del sistema de justicia también han privado a las personas detenidas de su derecho a una representación legal».

«La Misión tiene motivos razonables para creer que el sistema de justicia ha jugado un papel significativo en represión Estatal de opositores al gobierno en lugar de proporcionar protección a las víctimas de violaciones de derechos humanos y delitos. » .